El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió este martes la derogación de la Ley de Tierras Rurales y rechazó que la medida pueda afectar la soberanía del país. Lo hizo durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Ravier sostuvo que la eliminación de las restricciones a la titularidad extranjera busca favorecer inversiones de largo plazo y el desarrollo de distintas actividades productivas.
Recordó que la normativa sancionada en 2011 establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Ese régimen fue derogado mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, bajo el argumento de que la Argentina cuenta con extensas superficies con potencial productivo que requieren capital para su desarrollo.
El funcionario enumeró posibles destinos de esas inversiones: "sistemas de riego, infraestructura, forestación, tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios". Según explicó, el objetivo es generar condiciones para que los recursos disponibles se transformen en mayor producción, empleo y actividad económica.
Ravier también buscó despejar cuestionamientos vinculados con la soberanía y las zonas fronterizas.
"Lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o estratégicos, atentar contra nuestra soberanía o poner en riesgo nuestras fronteras, la medida busca potenciar la producción rural", afirmó.
Remarcó que la derogación "no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras" y que esas áreas continúan bajo sus controles específicos.
"Tampoco afecta la soberanía territorial. La tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción", sostuvo.
El vocero cuestionó además la normativa que limitaba la propiedad extranjera, al considerar que era contraria a la Constitución Nacional, y recordó que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos. "Son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias", señaló.
El trasfondo judicial
Las declaraciones de Ravier se producen después de que la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia que había dejado sin efecto la derogación de la Ley de Tierras, al considerar que la organización que había iniciado la demanda no tenía legitimación para promoverla. El máximo tribunal aclaró que su decisión resolvió una cuestión procesal y no implicó pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo del artículo 154 del DNU 70/2023.
En paralelo, la discusión judicial continúa abierta. Este martes la Corte Suprema dispuso convocar a dos conjueces para intervenir en otra causa que cuestiona la eliminación de los límites a la propiedad rural extranjera.
Ravier advirtió también sobre los intentos de la oposición de avanzar contra el DNU 70/2023. Consideró que dejarlo sin efecto significaría regresar a un modelo marcado por regulaciones e intervenciones estatales que limitaban las decisiones de empresas y particulares.
"La discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad", resumió hacia el final de su exposición.
