El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno nacional había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordena al Poder Ejecutivo cumplir con lo establecido en la norma aprobada por el Congreso.
El fallo lleva la firma del juez Martín Cormick y responde a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires. La decisión judicial deja sin efecto el Decreto 759/2025.
En el escrito, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el juez ordenó el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.
El camino previo del conflicto
El Gobierno nacional había intentado frenar la aplicación de la ley en varias instancias. Primero mediante un veto presidencial. Cuando el Congreso rechazó esa medida y ratificó la normativa, el Ejecutivo dictó un decreto que establecía que el financiamiento a las universidades solo podría ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Frente a esa disposición, el Consejo Interuniversitario Nacional, la UBA y otras casas de estudio presentaron un amparo colectivo. El objetivo era lograr que se cumplieran los puntos centrales de la ley, entre ellos el otorgamiento de partidas para el funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Los fundamentos del fallo
En su resolución, el juez Cormick sostuvo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
“No supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”
El fallo implica que el Poder Ejecutivo deberá avanzar con el dictado de las normas reglamentarias necesarias para hacer efectiva la Ley de Financiamiento Universitario, tal como había sido sancionada por el Congreso.
