Un juez federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la parte del decreto que había puesto condiciones para su ejecución.
La decisión lleva la firma de Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por distintas universidades y docentes, y por una presentación independiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fallo apunta directamente contra el Decreto 759/2025, con el que el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley 27.795 pero supeditado su puesta en marcha a que se definieran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas presupuestarias necesarias.
Qué dice el fallo
Para Cormick, ese condicionamiento no podía usarse para frenar la aplicación de una ley ya aprobada por el Congreso y luego ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial.
La sentencia dispone que el Poder Ejecutivo debe cumplir de manera inmediata con la norma y avanzar con el dictado de las reglamentaciones necesarias para que se efectivice.
El juez sostuvo que, una vez que el Congreso insistió con la ley alcanzando las mayorías de dos tercios que exige la Constitución, el Ejecutivo estaba obligado a promulgarla sin agregar restricciones que modificaran su aplicación.
Según el magistrado, la condición incorporada en el decreto funcionó como un “mecanismo extraconstitucional”, ya que en los hechos abrió una nueva vía para frenar una ley cuyo veto ya había sido rechazado por el Legislativo.
Qué establece la ley
La Ley 27.795 prevé la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales, actualizaciones salariales para docentes y no docentes, y mejoras en las becas estudiantiles y en los fondos destinados a investigación.
El conflicto judicial se originó cuando el Gobierno condicionó la ejecución de la norma argumentando que antes debían determinarse las fuentes específicas para afrontar el gasto.
El fallo de primera instancia avanza sobre el fondo del conflicto y obliga, por ahora, al Ejecutivo a implementar la ley. La resolución puede ser apelada, por lo que la disputa judicial podría continuar en instancias superiores.
