Trabajadoras de una fábrica nogalera de Sanagasta denunciaron que el socio gerente de la firma, Luis Giordano, admitió haber vaciado las instalaciones del establecimiento. Según el colectivo, el reconocimiento se hizo ante la Secretaría de Trabajo, el intendente municipal, la abogada patrocinante y los propios empleados.
Traslado de la producción
De acuerdo con la denuncia, el empresario aprovechó el feriado religioso de la Virgen India para trasladar todo el stock y la producción de nueces procesadas hacia Buenos Aires. El transporte utilizado fue ubicado en la Ruta 5.
La abogada defensora, Ivana Cattáneo, sostuvo en un texto enviado a la redacción de Medios Rioja que la maniobra configura los delitos de vaciamiento de empresa e insolvencia fraudulenta, previstos en el artículo 173, inciso 5, del Código Penal.
Según la letrada, el objetivo habría sido desprenderse de los bienes para eludir el pago de la indemnización correspondiente por ley. Además, indicó que el empresario ofreció únicamente el 25% del monto total, a saldar en cuotas.
Situación de los trabajadores
Las denunciantes señalaron que el personal se desempeñaba en condiciones de informalidad laboral, es decir, «en negro». Por esa razón, indicaron, no se realizaban aportes patronales ni existía cobertura de obra social, lo que dejó a las familias sin acceso a atención médica pediátrica y obstétrica.
Las trabajadoras encuadraron la situación como un hecho de violencia económica y laboral de género, en los términos de la Ley 26.485. Con ese argumento, anunciaron que presentarán un pedido de intervención urgente ante la Secretaría de la Mujer y Diversidad de la provincia, encabezada por la licenciada Karen Navarro.
Pedidos al Gobierno provincial
Las delegadas also interpelaron directamente al gobernador Ricardo Quintela para que garantice la asistencia de las 20 familias afectadas.
Asimismo, denunciaron que el empresario tendría una doble condición, ya que figuraría como funcionario en estamentos gubernamentales. Por ese motivo, solicitaron al gobernador su suspensión inmediata en el cargo, por considerar que vulnera las normas de ética pública.
En el mismo sentido, recordaron que en visitas oficiales anteriores, realizadas por autoridades provinciales y dirigentes nacionales, no se habría informado sobre la precariedad de la situación, el atraso salarial ni la falta de registro del personal.
Asamblea y audiencia
Las familias se declararon en asamblea permanente y vigilia a la espera de una audiencia clave, fijada para este miércoles a las 9.30.
