El gobernador Ricardo Quintela dispuso la expulsión de dos integrantes de la Policía de la Provincia que realizaban préstamos de dinero de forma habitual y clandestina. La medida quedó formalizada mediante un decreto que también firmó el ministro de Seguridad, Miguel Zárate.
La decisión se basó en una investigación administrativa llevada adelante por el Ministerio de Seguridad junto con la institución policial, que concluyó en la responsabilidad de ambos efectivos.
Los agentes alcanzados por la expulsión son un oficial principal de apellido Carrizo y un cabo de apellido Loyola.
Según surge de las conclusiones de la investigación, ambos retenían tarjetas de débito bancarias de distintas personas, gestionaban sus claves de acceso a cajeros automáticos y hacían firmar pagarés sin montos o con datos incompletos. Estas prácticas les permitían garantizar el cobro de los préstamos que otorgaban, junto con los intereses que exigían.
Para el Gobierno provincial, se trató de una actividad lucrativa incompatible con el estado policial. La investigación remarcó además que, en los casos analizados, la situación estaba agravada por la modalidad utilizada y por la exigencia de intereses excesivos o de carácter usurario.
Las autoridades también señalaron la gravedad de estas conductas por tratarse de funcionarios policiales, cuya función es proteger a la ciudadanía, incluso frente a quienes intentan aprovecharse de situaciones de necesidad.
