El Gobierno nacional intensificó las negociaciones con gobernadores y bloques aliados en la Cámara de Diputados para evitar que la oposición logre el rechazo definitivo del DNU 70/2023. La ofensiva opositora se reactivó después de un fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras.
El máximo tribunal revocó la decisión judicial que había frenado la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Con ese fallo, volvió a quedar operativo el artículo 154 del DNU 70, que eliminó las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero se mantuvo vigente porque la Cámara de Diputados nunca acompañó esa decisión. Ahora, distintos sectores de la oposición buscan convocar una sesión especial para completar el rechazo.
Frente a ese escenario, desde el Gobierno se iniciaron contactos con sectores del PRO, bloques dialoguistas y gobernadores, con el objetivo de sostener los respaldos necesarios en la Cámara baja.
Una salida negociada
Una de las alternativas que evalúa el oficialismo es ceder en la discusión puntual sobre las tierras rurales y reincorporar restricciones a través del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y espera tratamiento en Diputados.
La idea del Gobierno es separar el debate sobre la compra de tierras por extranjeros del resto del DNU 70, que es una norma mucho más amplia y que incluye modificaciones en materia comercial, laboral, financiera, inmobiliaria y de servicios.
Según fuentes citadas por TN, el Ejecutivo sostiene que un rechazo integral del decreto podría afectar numerosas relaciones jurídicas generadas desde su entrada en vigencia. Ese argumento forma parte de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con sus aliados para intentar contener el planteo opositor.
La oposición avanza con la sesión especial
En paralelo, distintos bloques opositores avanzan en conversaciones para pedir una sesión especial el 7 o el 14 de octubre. De esas gestiones participan sectores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
Para abrir la sesión se necesitan reunir 129 diputados. Una vez logrado el quórum, el rechazo del decreto requeriría la mayoría simple de los legisladores presentes.
El debate cobró mayor fuerza tras el fallo de la Corte, aunque el tribunal no se expidió sobre el fondo de la constitucionalidad del DNU, sino sobre la legitimación de quienes habían presentado el planteo judicial contra la derogación de la Ley de Tierras.
En ese contexto, el oficialismo busca contener a sus aliados para que el debate puntual sobre las tierras rurales no termine derivando en el rechazo completo de uno de los principales decretos de la gestión de Javier Milei.
